El destino de algunos de los últimos bosques nubosos que quedan en Ecuador y de cientos de medios de vida depende del resultado de un caso pionero de los Derechos de la Naturaleza relacionado a dos pequeños anfibios.

Dos ranas de no más de cuatro centímetros de largo: parecen tan insignificantes. Pero mucho depende de ellas, a saber, un caso en la corte constitucional que podría detener el desarrollo minero en la mayor parte de Ecuador.

La rana arlequín hocicuda, vista por última vez en 1989, se creía extinta hasta que fue redescubierta en la concesión minera de LLurimagua en 2016. La rana cohete confusa, mucho más rara, vista por última vez en 1985, también fue olvidada hasta su redescubrimiento en la misma concesión minera en 2019. Ambas se han alistado para detener un proyecto de minería de cobre a gran escala que ha sido promovido por ocho gobiernos ecuatorianos diferentes.

En años pasados, la oposición de la comunidad obligó a una empresa minera japonesa y canadiense a abandonar el proyecto. Desde 2014, la chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, ha financiado actividades exploratorias avanzadas. La empresa cuenta con el apoyo total del gobierno ecuatoriano a través de Enami, la empresa minera estatal de Ecuador.

Táctica

Este apoyo gubernamental permitió a las dos empresas acceder al sitio minero en mayo de 2014. Lo hicieron con la ayuda de casi 400 miembros de tres unidades policiales de élite, respaldado por militares, y ocupando no solo el sitio minero, sino la mayoría de la zona de Intag.

Otras tácticas de intimidación incluyeron el encarcelamiento de un líder de la oposición local, además de una nefasta campaña de difamación, encabezada por el entonces presidente Rafael Correa.

Esta es solo una pequeña muestra de las tácticas utilizadas para tratar de neutralizar a la oposición a la minería. Y, si suena como material para un documental cinematográfico, es porque lo es. Se han realizado varios documentales sobre la lucha de 26 años.

El problema, por supuesto, no se trata solo de las ranas, aunque salvar especies de la extinción no debería necesitar más justificación. Las ranas viven en algunos de los últimos bosques nubosos que quedan en las laderas occidentales de la cordillera de los Andes occidentales de Ecuador. Más del 80 por ciento de estos bosques han sido transformados en pastos, plantaciones de banano, cacao y palma aceitera, caña de azúcar y desmembrados por la tala ilegal. La minería ahora amenaza gravemente lo que queda.

La mayoría del público no ha escuchado hablar de los bosques nubosos, sin embargo, son mucho más biodiversos y están más amenazados que los más conocidos bosques amazónicas. A nivel mundial, representan menos del 2,5 por ciento de las bosques tropicales, y estos bosques también protegen las cuencas hidrográficas que dan vida a cientos de ríos y miles de arroyos, y proporcionan agua potable y sustento a cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.

Derechos

Por más importante que sean la extinción de especies y la protección de las cuencas hidrográficas, la lucha de Intag también defiende los derechos humanos y colectivos.

Un estudio preliminar de impacto ambiental realizado por expertos japoneses a mediados de la década de 1990 predijo que 100 familias de cuatro comunidades tendrían que ser reubicadas para acomodar lo que entonces se pensaba que iba a ser una pequeña mina de cobre. Otros impactos incluyeron la contaminación de los ríos con metales pesados, además de la “deforestación masiva” que conduciría a un “proceso de desertificación”.

Hoy, Codelco considera que el yacimiento podría ser 53 veces mayor. Si se confirma la estimación de Codelco, además de impactar a más comunidades, la mina a gran escala generaría entre 3.829 millones de toneladas, y posiblemente el doble de esa cantidad de subsuelo contaminado con metales pesados. Todo para terminar con tan solo 17 millones de toneladas de cobre puro.

La rana cohete confusa y el arlequín de hocicudo son solo la punta del iceberg de la biodiversidad. Cientos de especies de las listas rojas de la UICN y del Ecuador dependen de los bosques de Intag para su existencia. Estos incluyen el mono araña de cabeza marrón, el oso de anteojos, el jaguar de la cosa, en peligro crítico de extinción, varias ranas de cristal, un pez extremadamente raro y un árbol tan raro que solo se ha reportado en otro parche de bosque a cientos de kilómetros de distancia. La lista completa es deprimentemente larga.

Y la área ni siquiera se ha estudiado adecuadamente. Por ejemplo, el mes pasado se descubrió una nueva especie de mamífero cerca del sitio minero.

Acción

Debajo de todo este paisaje increíblemente hermoso se encuentra un enorme depósito de cobre. Las comunidades de Intag, con el apoyo de organizaciones locales, nacionales e internacionales, han hecho todo lo posible para evitar que esta catástrofe ambiental y social ocurra durante los últimos 26 años.

Demandamos a la Bolsa de Valores de Toronto por violaciones de derechos humanos, creamos decenas de reservas forestales y de cuencas de propiedad del gobierno local y comunitario y obtuvimos la aprobación de ordenanzas ambientales locales, al tiempo que apoyamos actividades económicas sostenibles.

La última táctica, adoptada en agosto de este año, consistió en presentar una medida cautelar constitucional para evitar que las actividades mineras impacten en el hábitat de las dos especies de rans endémicas.

Basamos la acción judicial en la inevitable violación de los Derechos Constitucionales de la Naturaleza del Ecuador. Hasta la fecha, la Constitución de Ecuador es la única que reconoce a la naturaleza como titular de derechos independientes de los derechos ambientales que pueden beneficiar a los seres humanos.

Es un concepto tan novedoso que los que nos involucramos en la acción legal teníamos dudas de que la jueza del tribunal inferior lo comprendiera. La jueza no solo captó el concepto, sino que lo hizo con una claridad que debería ser alentadora para las personas del mundo entero que luchan por la adopción de los derechos de la naturaleza.

Presiones

La victoria en la corte inferior sentó un precedente importante para Ecuador. Otras comunidades podrán utilizar este caso para avivar su oposición a la minería, ya que el país tiene más de 2000 especies en peligro de extinción en un territorio del tamaño del estado estadounidense de Nevada.

Los imputados, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y el Fiscal General del Estado, apelaron de inmediato. El caso pasa ahora al Tribunal Superior Provincial de Imbabura. Pero para la apelación se sumarán varios otros pesos actores de peso, incluidos varios abogados del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, CODELCO y la ENAMI.

Es probable que la apelación se lleve a cabo al comienzo del nuevo año. Sin embargo, ha aumentado la presión para anular la decisión antes de que llegue a los tribunales superiores.

No debería ser difícil imaginar el tipo de presión a la que están sometidos los jueces que escuchan casos de minería en países como Ecuador, especialmente en tiempos de pandemia. El gobierno y las empresas pintan escenarios apocalípticos: los fallos negativos ahuyentarán las inversiones extranjeras; quebrarán la economía más de lo que ya está, y le dejará sin rentas al gobierno.

Las empresas invocarán acuerdos internacionales que protegen sus inversiones y demandarán al país en tribunales internacionales. Por eso me quito el sombrero ante los jueces que resisten estas presiones y optan por defender los derechos constitucionales sobre las intimidaciones de esta naturaleza, especialmente derechos tan novedosos como los derechos de la naturaleza.

Energía

Aquí llegamos a un aspecto incómodo pero clave del problema. El cobre es uno de los metales básicos para la transformación de la energía “limpia”, entonces, ¿qué debemos hacer si no extraemos lo suficiente?

La pregunta más bien no debería ser, ¿cómo podemos mitigar la crisis climática desenfrenada sin ser cómplices de violaciones de derechos humanos, de comunidades devastadas y de la destrucción de bosques que albergan especies amenazadas?

¿Por qué no estamos llevando a cabo análisis de costo-beneficio independiente de los proyectos mineros que pueden impactar especies en peligro de extinción, fuentes de agua, pueblos indígenas y no indígenas, así como los derechos de la naturaleza?

¿Qué pasará con los ecosistemas y con el clima mismo, si seguimos valorando más a lo que yace debajo de la tierra que a la riqueza encima? Esa riqueza incluye agua bebible, tierras productivas, la biodiversidad y la riqueza cultural y social de una región. Es el tipo de riqueza que también puede ayudar a impulsar actividades económicas sostenibles.

La crisis de la biodiversidad es tan crítica como la crisis climática. Depende de nosotros actuar en consecuencia.

Victorioso

Las zonas de exclusión pueden reservarse para prohibir la minería en lugares como los bosques de Intag y las cuencas hidrográficas clave de todo el mundo. Para que las zonas de exclusión funcionen, las empresas y el gobierno deben incluir en sus cálculos todos los costos externos para determinar objetivamente los verdaderos beneficios de un proyecto frente a sus costos sociales, ambientales y culturales. Estos costos normalmente se subestiman o se excluyen de las ecuaciones por completo.

Algunas de las pautas deben incluir la cero extracción de minerales donde se encuentran especies en peligro de extinción, ni minar yacimientos que puedan liberar metales pesados ​​al medio ambiente. Por encima de todo, las empresas mineras, y los gobiernos, deben respetar el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado en relación con las actividades que puedan afectar su medio ambiente o su cultura.

Dado el aumento esperado de la demanda de cobre, cobalto, litio y níquel, habrá una peligrosa carrera por encontrar y explotar nuevos sitios mineros. Pero, si en el camino de resolver una crisis creamos otra mucho más peligrosa, seremos culpables de imperdonables delitos ambientales contra la naturaleza y, por ende, de las generaciones futuras.

Si las ranas ganan las apelaciones, se sentará un precedente clave. La preservación de la vida silvestre y el medio ambiente siempre debe prevalecer sobre los intereses corporativos. Este precedente significaría que cientos de familias no serán expulsadas de sus tierras ni perderán su sustento. Asegurará que el hábitat de las especies en peligro crítico no sea diezmado, y que los ríos y arroyos prístinos no sean envenenados.

Ganar las próximas apelaciones contribuiría, en gran medida, al cambio de paradigma que podría ayudar a la humanidad a salvarse.

El autor

Carlos Zorrilla es residente permanente de Intag, cofundador de DECOIN, la organización ambiental en la primera línea de la resistencia al proyecto minero Llurimagua desde su inicio. En 2017, DECOIN recibió el prestigioso Premio Ecuatorial por su trabajo de conservación. El premio solo se otorga cada dos años por las Naciones Unidas.

Traducción del artículo publicado en The Ecologist, 11/01/2020 https://theecologist.org/2021/jan/11/if-frogs-should-win