Fuente Original: https://www.elciudadano.com
Un fallo judicial confirmó que Codelco montó operativos de vigilancia contra sindicalistas, ordenando seguimiento las 24 horas, incluso en sus domicilios.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama confirmó que Codelco División Chuquicamata espió, acosó y persiguió a un dirigente sindical, en una operación digna de las peores prácticas de la dictadura. La justicia estableció que la cuprífera ordenó un seguimiento exhaustivo sobre el sindicalista Miguel Véliz Fernández, utilizando personal de seguridad privada, vehículos de una contratista y reportes diarios sobre sus actividades, tanto dentro como fuera del trabajo.
El fallo determinó que Codelco violó derechos fundamentales y recurrió a mecanismos de amedrentamiento para silenciar al sindicalismo, configurando una práctica antisindical sistemática.
Persecución con sello corporativo: las órdenes salieron desde dentro de Codelco
No fue un “error” ni una “descoordinación”. El espionaje, persecución y amedrentamiento contra dirigentes sindicales de Chuquicamata fue ordenado directamente desde Codelco. Así lo estableció el Tribunal de Letras del Trabajo de Calama, que condenó a la estatal por prácticas antisindicales, acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales contra Miguel Véliz Fernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata.
La investigación reveló que la vigilancia contra Véliz y otros dirigentes fue instruida por Carlos Germán Águila Villanueva, administrador del contrato con ISS CHILE S.A., la empresa de seguridad encargada de prestar servicios a Codelco. Según el fallo, Águila Villanueva ordenó realizar un seguimiento “permanente, de día y de noche, incluso en sus domicilios particulares”, con el objetivo de monitorear todos sus movimientos y reportarlos.
El espionaje sindical violó incluso los términos del contrato entre Codelco e ISS CHILE S.A.. Tanto la auditoría externa de KPMG como la revisión de la Gerencia Corporativa de Auditoría Especial de Codelco confirmaron que:
- Águila Villanueva había “realizado actividades en el contexto del Contrato que estaban fuera del alcance del mismo” con ISS CHILE S.A., desviando recursos hacia una operación de persecución.
- ISS CHILE S.A. “excedió los términos del contrato” al proporcionar servicios de vigilancia encubierta y seguimiento domiciliario a los dirigentes sindicales, sin que esto estuviera estipulado en el acuerdo con la estatal.
En otras palabras, Codelco usó recursos destinados a la seguridad de sus instalaciones para financiar un aparato de espionaje contra su propio sindicato.
Persecución en la calle y vigilancia por 12 horas: la cacería contra el dirigente sindical
El espionaje contra los dirigentes sindicales de Chuquicamata no fue un acto aislado. Se trató de una operación meticulosa y planificada que incluyó seguimientos en la vía pública, vigilancia encubierta en domicilios particulares y hasta intentos de agresión directa, con vehículos de una empresa contratista vinculada a Codelco.
Todo comenzó el 5 de octubre de 2023, cuando un grupo de dirigentes sindicales, entre ellos Miguel Véliz Fernández, acudió a la faena de División Chuquicamata para manifestarse en relación con juicios laborales en curso. En ese contexto, fueron agredidos verbal y físicamente, un hecho que ya daba cuenta de un ambiente de hostilidad promovido desde la administración de la cuprífera estatal, según consta en el fallo de primera instancia.
Días después, el 10 de octubre de 2023, los mismos dirigentes se dirigieron al edificio corporativo de Codelco, donde ingresaron pacíficamente para solicitar una reunión con algún alto cargo gerencial. La visita se extendió hasta las 22:00 hrs, cuando los trabajadores abandonaron las instalaciones y se dirigieron a la sede sindical, ubicada en Villa Exótica.
Fue entonces cuando notaron algo extraño: una camioneta roja, patente SFXV-77, salió del estacionamiento de Codelco y comenzó a seguirlos. Al percatarse de la maniobra, los dirigentes encararon a los ocupantes del vehículo, quienes huyeron del lugar, confirmando las sospechas de que estaban siendo vigilados.
Pero la persecución no terminó ahí. A la mañana siguiente, el 11 de octubre de 2023, el hostigamiento se trasladó directamente al domicilio de Véliz. A las 7:20 hrs, un vecino le advirtió que la ventana de su vehículo estaba abierta. Al salir a revisar, notó la presencia de un hombre desconocido en la esquina de su casa, pero en ese momento no le dio mayor importancia.
Sin embargo, pocos minutos después, cuando Véliz volvió a salir para despedir a su hijo al transporte escolar, se encontró nuevamente con el mismo sujeto, esta vez tomando fotografías de él, su hijo y su casa. Al intentar encararlo, el hombre huyó rápidamente del lugar.
Véliz decidió buscar pruebas del seguimiento. Al notar la presencia de cámaras de seguridad en un almacén cercano, se dirigió hasta allí para solicitar las grabaciones. Fue en ese momento cuando se encontró nuevamente con la misma camioneta roja (SFXV-77) que los había seguido la noche anterior. Se aproximó para encarar a los ocupantes y comenzó a grabar con su celular.
La respuesta fue brutal: el conductor del vehículo intentó atropellarlo, obligándolo a esquivar el impacto en el último segundo. Aun así, una de las ruedas del vehículo pasó sobre su pie, causándole una lesión.
Cuando Véliz finalmente accedió a las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrió un dato escalofriante: la camioneta roja había permanecido durante 12 horas vigilando su domicilio, espiándolo a él, a su familia y monitoreando cada uno de sus movimientos.
Los vehículos, la empresa de seguridad y la evidencia del espionaje
Tras la agresión, Véliz investigó la patente de la camioneta y descubrió que el vehículo pertenecía al Banco Itaú y había sido entregado en leasing a la empresa VEHÍCULOS DE RENTA LIMITADA.
Más tarde, al acudir a la sede sindical, notó que una camioneta idéntica, con una patente casi idéntica (SFXV-85), estaba estacionada frente al edificio de Codelco. Se acercó a tomar una foto y verificó que ambos vehículos estaban arrendados a ISS CHILE S.A., la misma empresa de seguridad contratada por Codelco.
Con esto, quedó al descubierto que Codelco había pagado a ISS CHILE S.A. para realizar una operación de seguimiento contra dirigentes sindicales, en un abuso descarado de recursos públicos para hostigar a sus propios trabajadores.
Las sanciones a Codelco: el castigo para una práctica antisindical
Ante la gravedad de los hechos, el tribunal dictó las siguientes sanciones contra Codelco:
- Multa de 300 UTM a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas del Ministerio del Trabajo.
- Prohibición inmediata de cualquier labor de seguimiento, vigilancia o monitoreo sobre dirigentes sindicales.
- Obligación de pedir disculpas públicas al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata y al denunciante, mediante tres publicaciones en un diario de circulación comunal.
- Indemnización de $20.000.000 por daño moral a Miguel Véliz Fernández, víctima del espionaje y acoso laboral.
Codelco en la mira: ¿Hasta dónde llega la red de espionaje?
Este fallo destapa una práctica oscura dentro de la mayor empresa estatal de Chile, una minera que se supone debe operar bajo estándares de transparencia y respeto a los derechos de sus trabajadores.
Si bien el fallo no menciona el uso de recursos del Estado para financiar este operativo, es evidente que el hostigamiento no se hizo de manera clandestina ni por cuenta de individuos aislados. El espionaje había sido una orden ejecutada desde la administración de Codelco, utilizando su estructura y empresas contratistas para llevarlo a cabo.
Por otro lado, el fallo es un golpe demoledor para la reputación de Codelco y expone el nivel de persecución y abuso contra los mismos trabajadores que sostienen la empresa con su labor diaria.
Mientras la estatal intenta contener el escándalo, los sindicatos y el movimiento laboral exigen explicaciones:
- ¿Cuántos otros trabajadores han sido espiados sin saberlo?
- ¿Quiénes dentro de la administración de Codelco sabían de estas operaciones?
- ¿El Gobierno de Gabriel Boric tomará medidas contra estas prácticas dentro de una empresa del Estado?
Por ahora, Carlos Germán Águila Villanueva, el hombre que dio la orden de espiar sindicalistas, sigue sin dar explicaciones. Mientras tanto, Codelco guarda silencio y el Gobierno, dueño de la cuprífera, al parecer, mira para otro lado.
- Espionaje a trabajadores. Persecución a dirigentes sindicales. Recursos desviados para montar operativos de vigilancia.
Codelco, versión dictadura: espionaje, persecución y hostigamiento laboral con sello estatal.