Fuente: Mongabay

Un tribunal en Ecuador ha respaldado los derechos de la naturaleza y ha bloqueado una propuesta de mina de cobre en el Valle de Intag. La decisión se produce después de años de batallas legales entre la compañía minera SolGold y las comunidades locales, que argumentaron que la mina tendría impactos devastadores en el medio ambiente y sus medios de vida.

La decisión del tribunal se basa en la Constitución de Ecuador, que se modificó en 2008 para reconocer los derechos de la naturaleza. Bajo este marco legal, la naturaleza tiene derecho a existir, persistir y regenerarse, y las comunidades pueden actuar como guardianes de la naturaleza para garantizar su protección.

El tribunal encontró que la mina propuesta violaría estos derechos al causar un daño ambiental significativo, incluida la destrucción de bosques y fuentes de agua. También señaló que el proyecto dañaría los medios de vida de las comunidades locales, que dependen de la agricultura y el turismo.

La decisión es una victoria significativa para los grupos de derechos ambientales e indígenas, que han luchado durante mucho tiempo contra los proyectos mineros en la región. Argumentan que la minería no solo daña el medio ambiente, sino que también amenaza el patrimonio cultural y los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

SolGold aún no ha comentado la decisión del tribunal, pero la compañía ha defendido anteriormente el proyecto, diciendo que traería beneficios económicos a la región.

El Valle de Intag es conocido por su rica biodiversidad y ha sido designado como un “punto crítico” por el Fondo Mundial para la Naturaleza. También es hogar de varias comunidades indígenas, que han estado luchando contra la minería en la región durante décadas.

La decisión del tribunal establece un importante precedente para la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos indígenas en Ecuador y más allá. Muestra que los marcos legales que reconocen los derechos de la naturaleza pueden ser utilizados para desafiar proyectos de desarrollo destructivos y garantizar que el medio ambiente y las comunidades locales no sean sacrificados por ganancias económicas.

Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. Las compañías mineras continúan presionando por proyectos en otras partes del país, y las comunidades y activistas deberán permanecer vigilantes para proteger sus derechos y el medio ambiente.