La empresa estatal chilena, CODELCO, se encuentra en medio de ingentes problemas relacionados a su primer proyecto minero de importancia fuera de Chile.
La empresa “orgullo de todos” suscribió, en noviembre de 2011, un Convenio con la empresa estatal ecuatoriana, ENAMI EP (Empresa Nacional Minera del Ecuador), para desarrollar el proyecto minero Llurimagua, ubicado en una región rica en bosques nubosos nativos y ríos prístinos, en el Valle de Intag, noroccidente del Ecuador. Sin embargo, desde noviembre del 2018 el proyecto cuprífero no ha avanzado.
Hay varios factores que no le permiten a Codelco avanzar con el proyecto. El más problemático son los gravísimos impactos sociales y ambientales señalados por expertos japoneses en 1996 para una pequeña mina de cobre. Estos incluyen,
· Deforestación masiva, lo cual conduciría al secamiento del clima local;
· Impactos a especies en peligro de extinción;
· Contaminación de ríos prístinos con metales pesados (incluyendo el arsénico, plomo, cadmio y cromo),
· Impactos al Parque Nacional Cotacachi Cayapas, y
· Reubicación de 4 comunidades.
A pesar de la magnitud de esos impactos, en el 2018 Codelco infirió que el yacimiento podría ser 50x más grande que el yacimiento utilizado para identificar estos gravísimos impactos.
Rechazo Total a La Mineria
Los impactos previstos, más los atropellos a los derechos humanos relacionados al proyecto minero, hizo que la gran mayoría de la población rechace la minería en la región, concluyendo con la expulsión de dos empresas transnacionales del territorio desde 1995. Incluso, solo fue con la violencia y el acompañamiento de cerca de 400 efectivos del ejército y policías que Codelco y la Enami pudieron acceder al área minera en mayo del 2014
Desacuerdos entre socios
Otra importante razón por qué no avanza el proyecto minero se debe a los profundos desacuerdos entre la ENAMI y CODELCO en cuanto a la conformación de la empresa de economía mixta, la cual se debió haber creada en el 2017, según el informe de la Contraloría General del Estado. El otro tema que crea desacuerdo es la valoración del proyecto, y cuanto debe la Enami EP invertir. Hasta la fecha, solo Codelco es el que ha invertido decenas de millones de dólares para la primera fase de la exploración avanzada, a pesar de no contar con un convenio que le garantice el derecho a explotar la mina.
Líos legales
Otro obstáculo son las acciones legales en contra del proyecto minero las cuales, en septiembre de 2020, concluyeron en un fallo judicial a favor de los derechos constitucionales de la naturaleza, que podría obligarle al gobierno revocar la licencia ambiental del proyecto.
En gran parte, el fallo se dio porque la concesión minera se encuentra en una de las zonas más biodiversas del mundo, la cual albergan a decenas de especies en peligro de extinción- varias de ellas en peligro crítico. Dos especies de ranas, incluso, solo se hallan dentro del área minera y en ninguna otra parte del planeta. Fueron éstas las protagonistas de las medidas constitucionales, con lo cual se logró la sentencia favorable de primera instancia en septiembre 2020. La alta probabilidad de que la minería provoque la extinción de las ranas y otras especies fue el argumento más fuerte de la acción judicial. El fallo fue apelado en octubre del 2020, y posiblemente se conozca la sentencia de la corte de segunda instancia en el segundo trimestre del 2021.
El daño potencial que provocaría la minería en Intag es difícil de dimensionar para las personas que solo conocen la minería en áreas áridas, como el desierto chileno de Atacama. En la concesión minera Llurimagua, de un poco menos de 5.000 hectáreas, llueve entre 3.000 y 5.000 milímetros al año, y está cubierta por bosques primarios y secundarios, los cuales protegen a 43 nacimientos de ríos y riachuelos. Dada éstas y otras condiciones bio-físicas, es inevitable que el proyecto minero provoque un catástrofe ambiental inédito, afectando a posiblemente cientos de especies en peligro de extinción, incluyendo a 8 especies en peligro crítico de extinción, incluyendo a 2 primates (mono araña cabeci-café y mono capuchino), 37 especies en peligro de extinción, 153 vulnerables, y 89 casi amenazadas.
La intervención de la Contraloría General del Estado
Gracias a la presión de la sociedad civil, en el 2018 la Contraloría General del Estado investigó a fondo el proyecto minero y publicó sus hallazgos en marzo de 2019. Encontró una serie de irregularidades, omisiones e incumplimientos legales por varias instituciones estatales, incluyendo la ENAMI EP. Por ejemplo, observaron que la Enami no creó la empresa de economía mixta para llevar a cabo el proyecto minero; el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador aprobó el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental sin parámetros climatológicos e hidrológicos propios del área minera, la ENAMI incumplió con sus obligaciones señaladas en la licencia ambiental, y se permitió la tala árboles nativos sin autorización, entre muchas otras irregularidades que, en su conjunto, según el informe de la Contraloría, debieron causar la caducidad de la concesión minera.
Llama mucho la atención que la empresa “orgullo de todos” no mencione sino la problemática de conformación la empresa de economía mixta con la ENAMI EP en su último informe sobre sus actividades. Como si Codelco no quisiera que sus financistas y el pueblo chileno se informen de lo que realmente está financiando en el Ecuador con fondos públicos de las y los chilenos. O que se enteren de los enormes obstáculos y riesgos jurídicos, sociales, ambientales y de derechos humanos que enfrenta su proyecto internacional de mayor relevancia.
Si las ranas ganaran las apelaciones Codelco no solo perdería su proyecto estrella internacional, sino el prestigio que tanto ha invertido para sostener una imagen, omitiendo información clave a sus financistas y a su verdadero dueño; el pueblo chileno.
Para mas informacion: decoin.org